Morena volvió a demostrar que, cuando la ley le estorba, simplemente le cambia el nombre a las cosas. Mientras la legislación electoral establece con claridad los tiempos para las precampañas y los procesos internos, el partido oficial ya arrancó el registro de quienes serán sus futuros candidatos a las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año. Claro, no les llaman precandidatos porque eso podría meterlos en problemas. Ahora son “coordinadores estatales de defensa de la transformación”, una figura tan conveniente como sospechosa, diseñada para hacer campaña sin decir que están haciendo campaña.
El procedimiento inició en un salón del World Trade Center de la Ciudad de México y concluirá el próximo 27 de junio. Después vendrá el ritual acostumbrado: entrevistas, evaluaciones, mediciones y la famosa encuesta que, casualmente, siempre termina favoreciendo a quien ya estaba decidido desde antes. Morena insiste en vender la idea de que todo se resuelve democráticamente, aunque la historia reciente demuestra que las encuestas internas funcionan más como actas de formalidad que como mecanismos reales de competencia. Los aspirantes hacen fila, entregan papeles, sonríen para la foto y esperan que desde las alturas les informen si fueron los elegidos.
Lo más grave no es el disfraz semántico, sino la absoluta impunidad con la que se realiza. En cualquier democracia seria, adelantar procesos electorales tendría consecuencias. Aquí basta con cambiarle la etiqueta al producto para seguir vendiéndolo sin problema. Al final, los ciudadanos observan cómo unos juegan bajo las reglas y otros redactan las suyas sobre la marcha. La transformación prometía ser distinta; terminó perfeccionando las viejas mañas del sistema que tanto decía combatir.
La encuesta interna de Morena es como una película repetida: todos compran boleto, pero el final ya viene escrito.